Revista Eletrônica de Direito Processual, Volume II

Algunas consideraciones generales sobre la aplicación del derecho comunitario en España

Luis Amezcua
Doctorando en Derecho Público Comparado en la Universidad de Siena.

1. Introducción

Cualquier Estado que disponga una división territorial del poder debe contar con los mecanismos necesarios de comunicación entre los diferentes entes en que se encuentra dividido el complejo estatal. Incluso los sistemas que ponen un mayor énfasis en la separación, independencia, igualdad y autonomía de sus partes, tratan de contemplar formas de cooperación para la realización de diversas tareas. Resulta difícil concebir un Estado descentralizado, por lo que se refiere a sus relaciones internas, sin la existencia de niveles de cooperación entre sus diferentes centros de gobierno.

Sin profundizar en lo indeterminado que resultó la forma de Estado, la Constitución española de 1978 establece en su título VIII un sistema de distribución territorial del poder: el Estado autonómico. Las indecisiones del constituyente, como sabemos, se debieron a que no era posible en ese entonces un acuerdo sobre el tema, adoptándose un compromiso inicial favorable para todos. Existían, por una parte, fuerzas políticas que deseaban una autonomía de mayor alcance, y por la otra confluía otro sector que no consentía la aplicación de una fórmula más amplia, como el federalismo.

Uno de los aspectos que el constituyente dejó sin resolver plenamente fue el tema de la cooperación. Desde sus inicios, el sistema constitucional español ha visto tensiones de extraordinaria intensidad entre el Estado y algunas Comunidades Autónomas, con un consecuente número elevado de conflictos. Situación derivada, en gran parte, por la no existencia plena de mecanismos que pueden ser útiles para las relaciones de cooperación, o bien, por el mal funcionamiento de los que hayan sido previstos.

La cultura de la cooperación en el sistema constitucional español ha sido impulsada en gran medida por el Tribunal Constitucional, traduciéndose con posterioridad en varios cuerpos normativos. El primer instrumento legislativo que institucionaliza la cooperación en España fue la Ley del Proceso Autonómico, número 12 de 1983. Esta ley intenta dar respuesta a los primeros problemas que iniciaban a presentarse en el nuevo sistema autonómico, y se regulan por primera vez la conferencias sectoriales, come instrumentos claves para la coordinación entre el Estado y las Comunidades autónomas. Posteriores leyes, producto de acuerdos autonómicos, como la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, han resultado un estímulo para las relaciones de cooperación y, de hecho, en cualquier medida inician a funcionar con una mayor regularidad las conferencias sectoriales.

Una de las conferencias que ha tomado un papel importante del resto de las demás, por un mejor funcionamiento y mayor interés, ha sido la Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas (CARCE). La integración europea ha significado un desarrollo en la colaboración de los estados miembros para hacer más competitivos los diferentes espacios económicos dentro del mercado interno europeo. El ingreso de España a la Unión Europea ha incidido profundamente en las relaciones del gobierno central con el de las Comunidades Autónomas. Pocos años después del inicio del proceso autonómico, la entrada de España al espacio europeo introdujo un nuevo elemento de complejidad en el sistema, representando un gran desafío para los gobiernos locales. El Tribunal Constitucional, especialmente a partir de la sentencia 76/1991, ha considerado que la aplicación del derecho comunitario en España corresponde al Estado o a las Comunidades Autónomas, según sea il titular de la competencia afectada por la norma comunitaria.

En este sentido, objeto de estas lineas será tratar algunas cuestiones que surgen de la aplicación del derecho comunitario en España. Para ello, haremos algunas breves consideraciones sobre el ingreso del Estado español a la Comunidad Europea para dedicar algunas breves lineas sobre la estructural territorial de España. Ligados estos dos últimos elementos, veremos los efectos de la entrada de España a la Comunidad Europea en la distribución territorial del poder. Después pasaremos a dar algunos datos esenciales sobre el establecimiento de la Conferencia especializada sobre temas europeos, para luego enfocarnos en la aplicación del derecho comunitario en el ordenamiento español.

2. España y la Comunidad Europea

La ausencia de un régimen democrático impedía la entrada de España en la Comunidad Europea. El 9 de febrero de 1962 el Gobierno español solicitó ingresar a ella, teniendo como resultado sólo un acuerdo meramente comercial, con la firma, el 29 de junio de 1970, de un Acuerdo comercial preferencial, y de un Protocolo el 29 de enero de 1973. Posteriormente, ya en plena transición española a la democracia y mediante la solicitud del Gobierno español a la Comunidad Europea de 26 de julio de 1977 se inició formalmente el proceso de ingreso. Finalmente, el Presidente del Gobierno, Felipe González, firma en Madrid, el 12 junio 1985, el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, ingresando como miembro efectivo en el año de 1986 junto con Portugal.

3. Estructura territorial

La Constitución española de 1978 crea el Estado autonómico o Estado de las autonomías. Se basa en el reconocimiento de entes territoriales denominados Comunidades Autónomas. Se tuvo en cuenta para ello, la formación histórica de España, en la que culturas y características diversas y complementarias han conformado una realidad plural y diferenciada. El nuevo modelo de organización territorial de España se basa sobre dos ejes fundamentales. Por un lado un Estado, es decir, una patria común e indivisible de todos los españoles. Por otro, existen las Comunidades Autónomas, es decir, el derecho al autogobierno o autonomía política de los pueblos de España.

De acuerdo con el artículo 137 constitucional, "el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses". De esta forma, el Estado español está conformado por 17 Comunidades Autónomas y 50 Provincias. La Provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, a los cuales se les garantiza autonomía a nivel constitucional y también gozan de personalidad jurídica propia.

No especificaremos la distribución de competencias del Estado autonómico español, sino únicamente es necesario referir a que de acuerdo con el artículo 148 constitucional se establecen las competencias de las Comunidades Autónomas, y en el artículo 149 las facultades exclusivas del Estado, especificando este mismo artículo que: "Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas".


4. Problemas derivados del ingreso a la Comunidad Europea

No es una novedad decir que el ingreso de España en la Comunidad Europea ha significado un importante impacto para el sistema autonómico español.[1] Uno de los principales problemas que ha planteado la integración europea en los estados federales o regionales ha sido el de hacer participar a las entidades territoriales autónomas en las decisiones comunitarias que les pudieran afectar.

Se puede verificar una perdida de competencias por parte de las Comunidades Autónomas como consecuencia del ingreso de España a la Comunidad Europea, que ha creado cierto tipo de insatisfacción en la mayoría de aquellas. A partir de la adhesión de España a la Comunidad Europea, a través del artículo 93 de la Constitución, se atribuyen a la Comunidad Europea el ejercicio de competencias cuya titularidad pueden ser no sólo del Estado, sino también de las propias Comunidades Autónomas. Estas, sin embargo, han sentido incrementar su perdida de actuación al comprobar cómo el Estado central ejerce ciertas competencias que conforme al reparto competencial interno, corresponderían a las Comunidades Autónomas. Como consecuencia, estas han tenido que solicitar en el plano interno mecanismos efectivos que contrarresten en alguna medida la perdida competencial con una participación en la fase interna de proceso de formación de la voluntad sobre una determinada materia.[2] El progresivo proceso de integración europea ha tenido como resultado una constante delegación de facultades de las regiones europeas con competencias legislativas propias.[3] Respecto a España se pudiera decir que se han intentado diversas vías de participacion de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos, así como de buscar las mejores formas para la actuación del derecho comunitario, que dependiendo de la postura que se quiera adoptar, se pudiera decir que los resultados obtenidos han sido satisfactorios o, por el contrario, escasos[4] y, por tanto, sea necesario una revisión integral de la relación entre Unión Europea, Estado y Comunidades Autónomas.

5. Relaciones internacionales. España y Unión Europea

La experiencia española en materia de relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Unión Europea está caracterizada por la ausencia, en la Constitución de 1978, de disposiciones que dispongan algo al respecto.[5] Es por ello el gran papel que ha tenido que desempeñar el Tribunal constitucional en la configuración de la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos, así como de la aplicación del derecho comunitario en las mismas.[6]

La base constitucional de las relaciones internacionales del Estado español, que se puede decir que más bien es la fórmula que el constituyente previó para el ingreso de España a la Comunidad Europa, la podemos localizar en el articulo 93 al señalar que: "mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión". La Constitución no previó, al momento de redactarse, que este artículo 93 pudiera afectar el sistema territorial interno definido en el título VIII. Al momento del ingreso de España a la Comunidad Europea se puede constatar que la integración europea ha afectado la distribución de competencias que se establece en el título VIII de la Constitución, y aquellas que han adoptado las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de autonomía. Sin embargo, también hay que decir que está afectación de la integración europea no ha significado únicamente una perdida de competencias para las Comunidades Autónomas, sino también a las competencias del Estado.[7]

6. Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas (CARCE)

Uno de los mecanismos de mayor importancia para la articulación de la relación entre las Comunidades Autónomas y la Unión Europea ha sido a través de la Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas creada en 1988.

El modelo de participación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para cuestiones comunitarias tiene su origen en el proceso mismo de adhesión del Estado español a la Comunidad Europea. En 1978 se creó el "Ministerio para las relaciones con la Comunidad Europea". En 1981 desaparece este Ministerio y en su lugar se crea una Secretaría de Estado, al interno del Ministerio de asuntos exteriores, teniendo como función principal, precisamente, coordinar la acción del Estado respecto de la Comunidad Europea. En septiembre de 1985 se crea una "Comisión interministerial para asuntos económicos relacionados con la Comunidad europea", con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación en el ámbito de la administración central, correspondiendo la presidencia al Secretario de Estado para las comunidades europeas.

Así mismo, además de los mecanismos anteriormente señalados, a partir de 1984 se abre en España un proceso de discusión entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas con base a unos "Proyectos de convenio entre el Gobierno de la nación y las Comunidades Autónomas sobre cooperación en los asuntos relacionados con las comunidades europeas". La oposición de ciertas Comunidades Autónomas al documento surgido del anterior proceso provocó la elaboración de un segundo proyecto de participación de ellas en la formación de la voluntad estatal en 1986. Este segundo proyecto se divide, al igual que el primero de 1985, en dos partes. La primera se refiere al desarrollo y ejecución del ordenamiento comunitario y la segunda se ocupa de la participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad estatal ante la Comunida Europea. Sin embargo, aun cuando este segundo proyecto mejora al anterior, tampoco dio satisfacción a las aspiraciones de las Comunidades Autónomas, sobre todo al no garantizar a estas ni el acceso a una información[8] amplia, ni establecer los mecanismos que aseguraran que el poder central tomara en consideración sus puntos de opinión. Al no proceder este segundo proyecto de convenio, el Gobierno central presenta en 1987 en la "Comisión mixta para las Comunidades europeas de la Cortes generales" los puntos principales de lo que sería un nuevo proyecto, en el cual se pretendía precisamente establecer las reglas básicas de funcionamiento para que las Comunidades Autónomas participaran en la formación de la voluntad del Estado ante la Comunidad Europea, así como en la aplicación del derecho y políticas comunitarias. Pero este proyecto ni siquiera llegó a considerarse, y es ante este escenario que a finales de 1988 se pone en marcha la "Conferencia sectorial para asuntos relacionados con las Comunidades europeas " que ha venido reuniéndose desde entonces regularmente, como un espacio, con vocación de permanencia, en el que sea posible abordar los diversos temas que plantea la participación de las Comunidades Autónomas en el proceso comunitario.[9]

7. Aplicación del derecho comunitario

7.1. No alteración de competencia internas

En cuanto a la forma en la que se deberá proceder a la adopción de medidas de desarrollo normativo y ejecución del derecho comunitario europeo en el orden interno, el Tribunal constitucional español ha establecido, en la muy conocida sentencia 252/1988,[10] que los conflictos a que dé lugar la ejecución del derecho comunitario han de ser resueltos de acuerdo con las normas internas de delimitación competencial, sin que ni el Estado ni las Comunidades Autónomas puedan considerar ampliado el ámbito propio de competencia en virtud de lo dispuesto por el mismo derecho comunitario. Es decir, de la jurisprudencia constitucional, que es la que se ha encargado de definir las bases para las relaciones entre la integración europea y la descentralización, se establece el principio de la no alteración del sistema interno de división de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas come consecuencia de pertenecer España a la Unión Europea.[11]Respecto del ejercicio de la competencia para emitir las normas necesarias de actuación del derecho comunitario, podemos decir que si la competencia es exclusiva de las Comunidades Autónomas, corresponde a estas la emisión de las normas necesarias para desarrollar las disposiciones comunitarias. En cuanto a la competencia ejecutiva de las Comunidades Autónomas en relación a la ejecución del mismo, de acuerdo al principio anteriormente dicho, implica que si la competencia autonómica es exclusiva y plena, las Comunidades Autónomas adoptaran las medidas de ejecución administrativa de la normas comunitarias en aquellas materias en las que hayan asumido competencia para ello.

7.2. El deber del Estado de garantizar el cumplimiento del derecho comunitario

Derivado de la complejidad del Estado autonómico, es díficil determinar las competencias que a cada nivel de gobierno le corresponde, por lo que se corre el riesgo que se deje sin aplicación normativa y ejecutiva al derecho comunitario y, por consiguiente, la posibilidad de incurrir el Estado central en responsabilidad internacional por las obligaciones adquiridas, sin poder justificar su inacción por cuestiones territoriales.

El articulo 93 de la Costitución, como hemos visto, fundamento para la integración de España al proceso europeo, atribuye "a las Cortes generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o o supranacionales titulares de la cesión". Esta función estatal de garantía de la obligaciones comunitarias no se debe entender como un mecanismo de supercontrol de frente a las Comunidades Autónomas, sino como un mero instrumento de prevención y salvaguardia ante la posible incursión en responsabilidad comunitaria.[12]

7.2.1. Mecanismos del Estado para intervenir en el ámbito autonómico

En el caso de España, la cuestión de los medios que puede utilizar el Estado para evitar la responsabilidad internacional por incumplimiento o no adecuada realización de normas o ejecución de actos por parte de las Comunidades Autónomas por exigencias del derecho europeo es particularmente complejo. Por lo que respecta a los controles jurisdiccionales, se debe dejar claro que los tratados internacionales, aunque puede ser utilizados como criterios interpretativos del reparto interno de competencias, no forman parte del bloque de constitucionalidad.[13]

a) La supletoriedad del derecho estatal

El presente mecanismo es el principal medio para aplicarse como garantía del cumplimiento de las obligaciones europeas. Si bien el Tribunal Constitucional ha negado que la cláusula general de supletoriedad (art. 149, 3 cost) se pueda considerar como una norma atributiva de competencias y se pueda utilizar para justificar la adopción del derecho estatal en ámbitos en los cuales no tenga plena competencia (118/1996; 61/1997), en casos excepcionales ha admitido que el Ejecutivo adopte normas supletorias directas para evitar un conflicto con normas europeas (79/1992). Incluso en esta sentencia el Tribunal ha declarado legítimo que el Estado, con base en el artículo 149, 3 const., actúe con disposiciones dirigidas a permitir la ejecución normativa comunitaria con carácter supletorio respecto de las normas de las Comunidades Autónomas.

b) La armonización legislativa

De acuerdo al artículo 150, 3 const.: "el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad". Los inconvenientes de este medio los podemos encontrar, primeramente, en lo difícil que representa para las Cortes lograr la mayoría requerida y, por otra parte, el Tribunal Constitucional ha declarado (76/1983) que la facultad dispuesta en este articulo es una cláusula de cierre del sistema para cuando a las Comunidades Autónomas no les sea posible ejercitar una facultad concedida, es decir, no cabe su uso preventivo. Además, las leyes de armonización tienen la naturaleza de ser leyes de principio; no pueden ordenar de modo directo y exhaustivo y, por tanto, las Comunidades Autónomas deberían elaborar la norma de desarrollo.[14]

c) Cumplimiento forzoso

Otra vía, más radical, para el cumplimiento de las obligaciones comunitarias por parte de las Comunidades Autónomas es la prevista por el artículo 155 const., al establecer que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Este medio no parece idóneo para garantizar el cumplimiento autonómico de las obligaciones europeas del Estado debido a que, por una parte, desde un punto de vista procedimental, solo podría iniciarse tras una declaración jurisdiccional de incumplimiento y, por la otra, desde un punto de vista político, es un instrumento de carácter excepcional para atender situaciones de grave crisis política.[15]

8. Lo que hace falta por hacer

A diferencia de otros países europeos que, antes o después, han reformado sus respectivas constituciones para intentar dar alguna respuesta más o menos satisfactoria a los múltiples problemas derivados de la relación entre descentralización e integración europea, en el caso de España se han detenido las reformas necesarias para ello, incluso se puede citar como ejemplo el amplio debate que se ha tenido por reformar el Senado como una verdadera sede de representación territorial, sin tener hasta el momento ningún resultado concreto.

El actual artículo 93 de la Constitución resulta insuficiente para sustentar y dar cobertura al proceso de integración europea y para ofrecer una respuesta interna adecuada a los numerosos y profundos cambios en el sistema estatal que tal proceso lleva consigo. Esta disposición, única hasta ahora para ofrecer legitimidad interna a la integración europea de España, ha tenido que alargarse tanto, al punto que se encuentra actualmente al grado de colapsar. Es muy poco artículo para tan complejo fenómeno de integración europea. La cláusula europea que se pueda incluir en una reforma constitucional futura, además de referirse de una forma mas amplia a tal proceso, la reforma debe contemplar necesariamente la recomposición de algunos equilibrios constitucionales básicos que se han visto alterados por la integración europea: el equilibrio Parlamento-Gobierno, y el equilibrio territorial, entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En el primer caso se debe tratar de asegurar el papel del Parlamento en el proceso decisorio comunitario y, en el segundo caso, se debe recomponer el equilibrio territorial roto por la presión centralizadora que el ejerce el proceso de integración europea.[16]

Ante la inmovilidad constitucional, cabe destacar que en el actual proceso de reformas a los estatutos de algunas de las Comunidades Autónomas, se preve un apartado especial de las relaciones de la Comunidad con la Unión Europea. Aparte de establecer, entro otros muchos temas, representantes ante las instituciones y órganos de la Unión Europea, en el caso de la ejecución de sus normas se trata de establecer con claridad el reconocimiento de la competencia de desarrollo, aplicación y ejecución del derecho comunitario a la instancia que internamente detente la competencia sobre la materia en cuestión.


[1] Marco Orofino, La partecipazione delle Comunità autonome spagnole all'integrazione europea, en Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3, 2001, p. 1184 ss; Antonio Sainz de Vicuña Barroso, El cumplimiento del Derecho comunitario europeo por parte de las Comunidades autónomas, in AA.VV, Organización territorial del Estado (Comunidades autónomas), IV, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1984, p. 2759.

[2] José Martín y Pérez de Nanclares, Comunidades autónomas y Unión europea: hacia una mejora de la participación directa de las Comunidades Autónomas en el proceso decisorio comunitario, en Revista de derecho comunitario europeo, n. 22, 2005, p. 769.

[3] Gurutz Jáuregui, La participación de las comunidades autónomas en la Unión europea, en Revista catalana de dret púplic, n. 31, 2005, p. 150.

[4] La creación de los instrumentos de intervención autonómica en los asuntos europeos ha sido lenta, compleja y generadora de importantes tensiones. Rafael Bustos Gisbert, Un paso más hacia la participación autonómica en asuntos europeos, in Revista española de dererecho constitucional., n. 45, 1995, p. 155. Sin embargo, importantes pasos se han logrado como lo señala Manuel Moreno Vázquez, La relativa evolución del sistema de participación autonómica en los procedimientos ante el Triunal de justicia de la Comunidades europeas, en Revista de derecho comunitario euopeo, n. 6, 1999, p. 445.

[5] Rafael Bustos Gisbert, Relaciones internacionales y Comunidades autónomas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996, p. 46-47.

[6] Luis López Guerra, Il Tribunale costituzionale spagnolo e le autonomie regionali, en A. D'Atena (coord.), Federalismo e regionalismo in Europa, Milano, Giuffré, 1994, p. 277.

[7] Eduardo García de Enterría, La participación de la Comunidades autónomas en la formación de las decisiones comunitarias, en Revista española derecho constitucional, n. 33, 1991, p. 6.

[8] Sobre si el derecho a información se puede considerar como un dereco de particpación Eduardo García de Enterría, La participación de la Comunidades autónomas, cit., pp. 13-14; José Eugenio Soriano, Comunidades autónomas y Comunidad europea, Madrid, Tecnos, 1990, pp. 138 ss.

[9] Argimiro Rojo Salgado, La exigencia de participación regional en la Unión europea, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996, pp. 110-115.

[10] STC 64/1991, 236/1991, 79/1992, 80/1993, 141/1993, 102/1995, 67/1996, 45/2001, 95/2001. Enoch Albertí Rovira, Las Comunidades autónomas en la Unión europea: las nuevas perspectivas del Tratado constitucional y la particpación interna, in Enoch Albertí Rovira, Luis Ortega Alvarez, Josè Antonio Montilla Martos, Las Comunidades Autónomas en la Unión Europea, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, p. 13; Florentino Ruiz Ruiz, Las competencias de las Comunidades autónomas en el desarrollo normativo y la ejecución del Derecho comunitario europeo. Análisis de la jurisprudencia constitucional, en Revista española de derecho constitucional, n. 45, 1995, p. 280.

[11] Luis Marìa Diez Picazo, Le Comunità autonome spagnole e l'Unione europea, en A. D'Atena (coord.), Le regioni e l'Unione Europea, Milano, Giuffré, 2003, p. 237.

[12] Antonio Lopez Castillo, Creación y aplicación del Derecho comunitario europeo y Comunidades autonomas, en Revista española de derecho costitucional, n. 35, 1992, p. 147; Pablo Pérez Tremps, Comunidades autónomas, Estado y Comunidad europea, Madrid, Ministerio de Justicia, 1987, p. 84.

[13] Pablo Pérez Tremps, La participación europea y la acción exterior de las Comunidades autónomas, Madrid, Marcial Pons, 1998, p. 254.

[15] J. A. Montilla Martos, Derecho de la Unión europea y Comunidades autonomas, cit., p. 238.

[16] Enoch Albertí Rovira, Las Comunidades autonomas, cit., pp. 38-39.

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